sábado, 20 de febrero de 2016

EL TRATADO TRASATLÁNTICO DE COMERCIO E INVERSIÓN EN HOYO DE MANZANARES

El pasado domingo 14 de febrero, tuvo lugar en la sede de Izquierda Unida de Hoyo de Manzanares una mesa redonda sobre el “Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión” (el TTIP). El acto contó con la participación de María Eugenia Fernández de la Torre de ATTAC, Cuca Hernández de la Campaña “NO al TTIP” y Paloma López Eurodiputada de Izquierda Unida.

En los siguientes enlaces se pueden ver y escuchar pare de las intervenciones de cada una de ellas:




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La UE y los EEUU negocian desde junio de 2013 un tratado de libre comercio e inversiones, el TTIP. Anteriormente la UE ha finalizado las negociaciones de otro tratado, el CETA, con Canadá que está a la espera de su ratificación por parte del Parlamento Europeo. Las negociaciones se caracterizan por su absoluta falta de transparencia, que se reflejan en su escasa presencia como noticia en los grandes medios de comunicación.

El objetivo de estos tratados es establecer un gran mercado trasatlántico de más de 800 millones de personas que consagraría el dominio de las grandes corporaciones transnacionales europeas y norteamericanas en detrimento de los ciudadanos de ambas partes del océano. Si bien sus defensores argumentan que son positivos para reactivar la economía la realidad es que estos tratados pretenden conseguir mayor competitividad exterior a costa de rebajar o eliminar las regulaciones laborales, sociales, económicas, sanitarias, educativas, culturales y ambientales, ya duramente atacadas por las sucesivas reformas habidas en nuestro país.

Las consecuencias de las posibles ratificaciones de estos dos tratados –y el de TISA, acuerdo sobre servicios en fase de negociación entre algunos países de la OCDE afectarían a amplios sectores de la población a ambos lados del Atlántico, posibilitando políticas que amenazarían:

• los derechos laborales como la libertad sindical o la negociación colectiva,

• la pervivencia de servicios públicos como la sanidad, la educación o pensiones

• la gestión de los residuos, transporte o saneamiento y distribución de aguas que serían
 privatizados

• la seguridad alimentaria al permitir los transgénicos en la agricultura, el ganado vacuno hormonado, el porcino y el aviar clorados,

• los recursos naturales, potenciando el fracking e importando productos altamente contaminantes como las arenas bituminosas,

• la biodiversidad al apostar por la agroindustria que implica pérdidas de variedades locales y razas autóctonas y la paulatina desaparición de los paisajes rurales

• el principio de precaución sobre uso de sustancias químicas al dejar de controlar su seguridad antes de la obtención del permiso comercial

• la privacidad personal al permitir un mayor acceso y control sobre datos privados por parte de empresas proveedoras de internet y otras grandes corporaciones sectoriales

• el acceso a los productos farmacéuticos al reforzar las patentes frente a los genéricos

• la posibilidad de crear una banca pública y los mecanismos de control bancario que eviten nuevas crisis especulativas

Para conseguirlo, estos tratados contemplan la implantación de dos mecanismos antidemocráticos que aseguren lo que los negociadores llaman la “armonización normativa” que no es más que una regulación a la baja de la legislación vigente.

Por un lado, el Consejo de Cooperación Reguladora, una especie de gobierno de las transnacionales que dictaminará lo que se puede o no se puede legislar en asuntos que afecten a sus intereses.

Por otro, el mecanismo ISDS de resolución de conflictos entre empresas y estados, que garantiza las inversiones –y sus previsiones futuras de beneficios- de cualquier empresa ante potenciales políticas estatalizadoras o remunicipalizadoras, conflictos que habrían de resolver tribunales privados de arbitraje fuera de todo control democrático.


En definitiva estos tratados, bajo el disfraz de la mejora de la economía y del empleo, además de apuntar a mejorar la cuenta de resultados de las grandes empresas, permitirán la paulatina y perversa apropiación del poder político y judicial por parte del poder económico de las grandes corporaciones transnacionales. 

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