Se hace necesaria una “regulación legislativa de forma clara y concisa, de las actividades
del uso sociorecreativo y del deportivo, para evitar ambigüedades y que
faciliten convivencia de los usuarios de los montes, así como por supuesto
evitar y detener el potencial de degradación del entorno natural”.
Propuesta del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
Forestales y del Medio Natural
Desde hace ya tiempo, en nuestra Sierra de Guadarrama, así
como en otros puntos del Parque Nacional y del Parque Regional dela Cuenca del
Manzanares, vienen proliferando pruebas deportivas masivas, tanto de bicicleta
de montaña, como de carreras pedestres, de orientación y similares. Pruebas
organizadas y /o patrocinadas, tanto por administraciones públicas, como
Ayuntamientos, instituciones sin ánimo de lucro como sociedades de montaña, e
incluso por empresas cuyo objetivo es el beneficio económico.
En muchas ocasiones, los organizadores de estas pruebas buscan recorridos por lugares difíciles y
aislados que hagan más atractiva la competición, internándose para ello en las
zonas de mayor valor de los espacios protegidos de la Sierra de Guadarrama y de
otros lugares de nuestra Comunidad y nuestros Estado. Sin embargo, este tipo de actividades cuando están
bien planificadas, organizadas y ejecutadas y no discurren por zonas sensibles
o en tiempos de reproducción de la fauna no tienen porque constituir una
amenaza, e incluso, pueden ser una oportunidad que genere otro tipo de
desarrollo local.
Sin embargo, en la comarcas de la sierra, fácilmente accesibles para una
población de seis millones de habitantes, se genera una presión excesiva sobre
los espacios protegidos. Juntar
a cientos, cuando no miles de personas, corriendo a pie o en bicicleta, por espacios
naturales que, como los de montaña y los de los ecosistemas mediterráneos son
muy sensibles puede provocar graves impactos ambientales de erosión, daños a la
vegetación y ruido que dañan el ecosistema y perturban de la fauna,
especialmente cuando estas pruebas, se realizan en épocas de reproducción y
cría de las especies animales y de dispersión vegetativa de la flora, ya que es
en estos momentos cuando la climatología es más propicia.
No
estamos hablando de casos aislados, raro es el fin de semana que en la sierra
madrileña y segoviana no se celebra alguna prueba deportiva multitudinaria;
como por ejemplo el pasado 17 de abril cuando un denominado “Races Trail Running”, reunió en Hoyo de Manzanares a más de 800 corredores que
recorrieron territorio protegido del Parque Regional del Manzanares y ello con
el visto bueno de la dirección del parque y con la colaboración del Ayuntamiento de
esa localidad. Así, con el visto bueno de las autoridades encargadas de la
protección de la naturaleza, lo ser autorizaciones excepcionales y controladas,
se ha convertido en eventos habituales en la Sierra de Guadarrama, Parques
Regionales y otros entornos protegidos.
En
muchos de estos casos, y amparado por autoridades municipales, estos eventos
están organizados por empresas de actividades deportivas y de naturaleza por lo
que tienen detrás un componente lucrativo. Mientras los ingresos son elevados –
en algunos casos de pruebas en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama,
se ha llegado a ingresar por inscripciones cerca de 100.000 €-, los gastos son
escasos ya que las empresas organizadoras cuentan con patrocinadores que
aportan ingresos por publicidad y
costean buena parte de los mismos, así como la colaboración, en muchos
casos de los Ayuntamientos y cuentan con personal voluntario e incluso en
muchos casos municipal.
Justificado
como una actividad deportiva, con supuestas repercusiones económicas en las
localidades, en realidad nos encontramos con una utilización mercantil de espacios
protegidos; algo que también puede expresarse diciendo que un bien común que es
el entorno natural; un bien común que debe protegerse no sólo, es desposeído de
su función principal –la conservación para el futuro del planeta- y expropiado
para el beneficio empresarial y ello con el beneplácito, cuando no la
colaboración de las autoridades encargadas de su conservación y de los
Ayuntamientos implicados.
En conclusión, en los espacios protegidos de la manera generalizada con la
que se está haciendo actualmente, no deberían eventos y pruebas deportivas y
menos cuando persiguen el beneficio económico, y hacerlo sólo en casos
excepcionales siempre y cuando cuenten con un estudio detallado del impacto que
puedan causar en el entorno, así como con un control de su desarrollo recorrido
y número de participantes y contando con medidas de recuperación del medio
natural. Pero para ello hace falta una normativa autonómica y municipal
que regule estas actividades.
José Ramón Mendoza
Portavoz del Grupo
Municipal de Izquierda Unida de Hoyo de Manzanares
Miembro de
Ecologistas en acción
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