Un Juzgado de Colmenar
Viejo pide la imputación del alcalde y varios ediles por los acuerdos adoptados
relacionados con una operación urbanística
en el campus de la Universidad Nebrija en Hoyo
Un juez de Colmenar Viejo ha iniciado el procedimiento para
investigar (imputar) al alcalde, y al resto del equipo de Gobierno de Hoyo de
Manzanares por la presunta comisión de un delito prevaricación urbanística al
aprobar una modificación de Normas Subsidiarias para realizar un acceso a la
Universidad Antonio de Nebrija en una parcela segregada irregularmente. Este
acceso posibilitaba la entrada a una parte del campus de Universidad Antonio de
Nebrija donde está prevista la construcción de 118 chalets en el sector de la Berzosa
denominada S49. Esta modificación no se llevó por fin a cabo al ser rechazada
por la Consejería de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, “debido a
inviabilidad, ya que la tramitación acordada no cumplía con la Ley”.
Junto al Alcalde y los y las concejalas del equipo de actual
equipo de gobierno también se encuentra investigada la concejala de Ciudadanos,
así como la aparejadora municipal y un antiguo abogado asesor del Ayuntamiento.
A todos ellos les acompañaran, también como investigados, un concejal y una
concejala del anterior equipo de gobierno de José Ramón Regueiras.
El Alcalde José Ramón Regueiras, los concejales del PP, Juan
de Lózar, Victoria Barderas, Mónica Díaz, Belén Gómez y Ana María Lorenzo y la
concejala de Ciudadanos Elena Talavera, serán citados a declarar como imputados
por haber votado en un Pleno a favor de la modificación de Normas Subsidiarias
(NN.SS.) que transformaba la parcela segregada irregularmente en un vial de
acceso que facilitaba la operación urbanística de la Universidad privada Antonio
de Nebrija.
Por su parte la aparejadora municipal y el antiguo abogado
asesor en temas de urbanismo lo están como consecuencia de haber informado favorablemente
dicha modificación y la segregación de parcela para poder hacer el vial.
Esta segregación, que posteriormente debería ir acompañada
de una cesión de suelo al Ayuntamiento, fue aprobada en una Junta de Gobierno
en la anterior legislatura, y es lo que ha traído como consecuencia la
imputación del entonces Concejal de Hacienda Daniel Morera y de la Concejala de
Servicios Sociales Susana Segovia, ambos del PP.
Esta segregación de la parcela de Avda. Asturias, 1 que fue
comprada por la Universidad Antonio de Nebrija, además de fraudulenta en sí,
como señaló toda la oposición menos la concejala de Ciudadanos, conllevaba una
cesión de suelo al Ayuntamiento por parte de la Universidad, para la
construcción del viario.
La modificación de NN.SS. era imposible ya que ni siquiera
había cumplido la condición de que la cesión del suelo al Ayuntamiento,
indispensable para construir un vial, fue aprobada gracias a los 6 votos del PP y el
de Ciudadanos pero con el voto en contra de Izquierda Unida, PSOE y Unidos por
Hoyo. Precisamente en ese mismo Pleno éste último grupo señaló la ilegalidad de
la segregación previa, y por tanto de la modificación de Normas Subsidiarias, ilegalidad
que UxH denunció posteriormente a la fiscalía, dando lugar a la imputación.
El desarrollo proyectado que Izquierda Unida calificó en el
Pleno de “un pelotazo Urbanístico de 118 chalets” fue aprobada por el gobierno, también del PP,
en varios Plenos en la legislatura 1995/99, cambiando la calificación
urbanística de hotelera a educativa y posteriormente autorizar la construcción
de 118 viviendas, supuestamente para profesores.
Es necesario recordar que la operación urbanística de la Universidad
Antonio de Nebrija y que data de los años 90 del pasado siglo, era de mucha mayor
envergadura ya que iba acompañada de la construcción de otras 149 viviendas en
otro sector de la Berzosa (el S49A) propiedad municipal y que el Ayuntamiento
gobernado por el PP quería ceder a la misma; pelotazo que contó con una amplia
oposición popular que dio lugar al nacimiento de la “Plataforma de Defensa de
la Naturaleza de Hoyo de Manzanares” y que promovió movilizaciones importantes.
El proyecto fue definitivamente rechazado por la Comunidad
de Madrid por ser ilegal.
Para Izquierda Unida, es inadmisible que el Alcalde del PP,
que está incurso en tres procesos judiciales, dos como imputado y un tercero pendiente
de fijar fecha de juicio oral, acompañado de cinco ediles de su partido, todos
ellos imputados en un posible delito de prevaricación, gobiernen nuestro municipio
con el apoyo inestimable de concejala de Ciudadanos, también imputada, sin que sus respectivos
partidos les exijan responsabilidades.
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