Empezaremos por las preguntas al Equipo
de Gobierno. Para Izquierda Unida es impresentable, por no decir indecente que
la concejala Victoria Barderas, al ser preguntada por cuando iba a convocar el
Consejo (antiguo Patronato) de Cultura, tuviera la desfachatez de culpar al
Director del Centro de que no se hubiera llevado a cabo dicha convocatoria
porque éste no la había hecho a pesar de sus instrucciones. Sra. Concejala
reprobada por un Pleno, Sr. Alcalde Presidente: la responsabilidad de convocar
los Consejos es del Alcalde, como presidente de los mismos, o en su caso de la
Concejala delegada y no se pueden cargar las culpas propias a un trabajador
municipal. Por cierto un trabajador que ha pedido amparo al Pleno y a los
representantes de los trabajadores por un presunto acoso laboral de esa
Concejala de Cultura.
El Pleno aprobó por mayoría, con los
votos en contra del PP, una moción de Izquierda Unida para que el Alcalde
convocase de manera inmediata la mesa de contratación para la adjudicación de
la Asesoría Jurídica Externa ya que la adjudicación y el contrato a la actual
ha sido declarado nulo por una sentencia firme del TSJ recibida el 7 de
febrero; hoy un mes después el Alcalde está vetando este acuerdo y dicha mesa
no ha sido convocada y, por lo tanto no se está ejecutando una sentencia firme
del TSJ. Esta forma de actuar hace sospechar a Izquierda Unida que se quiere
prolongar lo máximo posible que el Sr. Cardona siga actuando como Asesor
Jurídico Externo y así seguir haciendo informes y actuando al dictado de lo que
interesa al equipo de gobierno, tal y como ha hecho en lo referente a la
modificación de NN.SS. (ver Pleno Extraordinario 22 de febrero) o, como cuando
informó sobre que las horas sindicales de los representantes de los trabajadores
debían ser utilizadas en su tiempo libre yendo así contra el Estatuto de los
trabajadores.
Gran parte del Pleno fue dedicada al
Día Internacional de la mujer trabajadora y a la convocatoria internacional de
Huelga Feminista para el día 8 de marzo.
Izquierda Unida presentó una moción
pidiendo que el Ayuntamiento facilitara el desarrollo de la Huelga Feminista,
mientras que el PSOE solicitaba algo similar para el paro de dos horas para ese
mismo día. Finalmente dichas mociones se fundieron en una única presentada
conjuntamente por ambos grupos, pidiendo el apoyo tanto a la huelga, como al
paro de dos horas. Por desgracia dicha moción fue rechazada con los votos del
PP y Ciudadanos; dejando así clara su posición en lo referente a exigir la
igualdad de género.
Por el contrario Izquierda Unida si
apoyó una moción del PP sobre el 8 de marzo ya que, a pesar de los elogios a la
actuación del gobierno de Rajoy, de las verdades a medias y datos manipulados
que contenía la exposición de motivos, Izquierda Unida siempre apoyará
cualquier declaración, por descafeinada que sea, en favor esa desfavorecida,
explotada, agredida e , incluso asesinada que es esa “mitad del cielo” que son
las mujeres. Es Trieste que el PP y Ciudadanos no tengan esta misma posición.
De nuevo PP y Ciudadanos mostraron su
cara de no apoyo a los desfavorecidos rechazando una moción del PSOE (IU
presentó otra en el mismo sentido que retiró para apoyar la del PSOE) pidiendo
un sistema justo de pensiones y que fue apoyada tanto por IU como por UxH. No
es de extrañar esa posición escuchando a los líderes del PP y sus adláteres
económicos cuando dicen que los pensionistas son culpables de su situación por
no haber suscrito fondos privados de pensiones. Calificar la posición del PP en
el tema de pensiones es, por decirlo suavemente vergonzosa y clarificadora de
que lo que quieren es que parte de las rentas del trabajo se entreguen a la
banca.
Por último no tenemos más remedio que
señalar que, de nuevo fue un Pleno en el que la oposición llevó el peso del
mismo ya que, de un total de nueve puntos sólo uno, un Convenio de colaboración
entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento para que tuviéramos BESCAM hasta
el 31 de diciembre de 2019”. Izquierda Unida votó en contra ya que consideramos
que ese convenio debería tener una duración mayor, entre 10 y 15 años, ya que
se corre el riesgo de que el 1 de enero de 2020, los Ayuntamientos se vean
obligados a hacerse cargo de los costes de los agentes BESCAM.
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