El diputado de Izquierda Unida y portavoz en la Comisión de Sanidad advierte de que
estamos ante un “nuevo impuesto a la enfermedad” y señala que este
“insoportable ‘tripago’” ataca especialmente a los pacientes con varias
enfermedades, los enfermos crónicos y los pensionistas”.
El diputado de Izquierda Unida y portavoz en la Comisión de Sanidad del
Congreso, Gaspar Llamazares, registró hoy ante la institución del Defensor del
Pueblo una solicitud de recurso de inconstitucionalidad y la “paralización
inmediata” de la implantación de la tasa del euro por receta aprobadas por el
Gobierno de la Comunidad de Madrid y el de la Generalitat de Cataluña.
Llamazares valoró que no estamos ante una medida disuasoria sino que “muy al
contrario, es un proceso recaudatorio y expropiatorio, es una discriminación
inaceptable entre los ciudadanos españoles y respecto a los más enfermos, ya
que serán éstos los que más paguen”.
En declaraciones a los medios de comunicación tras presentar dicha
solicitud en el Registro del Defensor del Pueblo, el diputado de IU expuso que
el euro por receta –medida en vigor en Madrid desde el 2 de enero y en
Cataluña, desde junio- vulnera los artículos 139 y 149 de la Constitución que
establecen el principio de igualdad y la competencia exclusiva del Estado sobre
las bases y coordinación general de la sanidad, así como la legislación sobre
productos farmacéuticos.
Consideró que los ciudadanos catalanes y madrileños se enfrentan realmente
a un “nuevo impuesto a la enfermedad”, además de que este “insoportable
‘tripago’” ataca especialmente en los pacientes que sufren varias enfermedades,
los enfermos crónicos y los pensionistas.
El parlamentario de IU por Asturias destacó que el recurso de
inconstitucionalidad propuesto a la Defensora del Pueblo –IU no puede
interponerlo directamente ante el Tribunal Constitucional al no disponer de los
50 parlamentarios que marca la ley- incluye la exigencia de que “se paralice
cuanto antes para que los gobiernos madrileño y catalán no sigan vulnerando las
competencias estatales y la igualdad de los españoles en derechos fundamentales
como el de la salud”.
“Hemos recurrido esta medida –expuso Llamazares- porque pensamos también
que es una decisión prevaricadora por parte del Gobierno de Madrid y el de
Cataluña hecha a sabiendas de que esta competencia no es propia, es del Estado,
y vulnera la igualdad en la atención sanitaria”.
En la completa exposición que incluye el texto registrado hoy se recuerda
que el Consejo de Estado ha dictaminado que las comunidades autónomas no pueden
incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los
medicamentos que son objeto de financiación pública, por ser esta una
competencia exclusiva del Estado y consagrada en el artículo 149.1.16. de la
Constitución.
Por ello, “no cabe admitir” que, en el ejercicio de su potestad tributaria,
las comunidades impongan “gravámenes” cuya exacción comporte, en última
instancia, un incremento del coste que los ciudadanos tengan que abonar para
obtener un determinado medicamento o producto sanitario.
No hay comentarios:
Publicar un comentario